En el marco de la reciente implementación de la Ley N.º 5717, los agentes públicos de planta permanente del Poder Ejecutivo provincial y de los organismos de control interno pueden ahora acceder a un conjunto de beneficios a través del Régimen de Desvinculación Voluntaria.

Uno de los principales atractivos de este régimen es la mejora en la liquidación final. Los agentes que se adhieran recibirán una suma equivalente a 1,2 sueldos por cada año de antigüedad, o por fracción mayor a seis meses. Este incremento representa una mejora significativa en comparación con el régimen anterior, brindando a los empleados una compensación más justa y acorde a sus años de servicio.

Otro beneficio importante es la continuidad de la cobertura de la obra social IPROSS durante un año, sin costos de aportes y contribuciones para los agentes desvinculados. Estos costos serán completamente bonificados por el gobierno provincial, asegurando que los agentes y sus familias mantengan acceso a servicios de salud sin interrupciones.

Los agentes que se desvinculen y posteriormente inicien actividades económicas unipersonales en la provincia estarán exentos de tributos provinciales, fomentando así el emprendimiento y la generación de nuevas fuentes de ingresos. Además, las empresas que contraten personal desvinculado dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de desvinculación también recibirán exenciones fiscales, incentivando la reintegración laboral de estos trabajadores.

Para adherirse al régimen, los agentes deben completar un formulario de adhesión en el área de Recursos Humanos de su organismo y adjuntar los certificados de antecedentes penales correspondientes. Recursos Humanos iniciará el trámite, incluyendo un informe de la máxima autoridad de su jurisdicción sobre la conveniencia de la desvinculación. La Secretaría de la Función Pública emitirá un dictamen favorable o no favorable, y en caso de ser positivo, el agente tendrá 5 días para aceptar o desistir de la desvinculación.

Es importante destacar que el régimen excluye a ciertos grupos de empleados, como el personal policial, de servicio penitenciario y docente, así como a quienes perciban una jubilación o prestación equivalente, entre otros.

La Ley de Desvinculación Voluntaria representa una oportunidad significativa para los agentes públicos que deseen desvincularse de sus puestos, ofreciéndoles una liquidación más favorable, continuidad en la cobertura de salud y beneficios fiscales. Estos incentivos están diseñados para facilitar la transición hacia nuevas oportunidades laborales y fomentar el emprendimiento en la provincia.